Transformación del derecho penal: el papel de la inteligencia artificial en la legislación colombiana
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En los sistemas de justicia penal, se percibe una transformación en cómo destacan las labores desde la inteligencia artificial (IA), frente a un marco que regula jurídicamente asuntos penales, por medio de tareas que siempre han realizado personas; sin embargo, la integración de la IA en el derecho penal ha crecido en los últimos tiempos. Estos cambios marcan un punto de partida en la investigación criminal y en la toma de decisiones judiciales, en busca de aportar un enfoque de precisión y eficiencia en un sistema que tradicionalmente ha dependido en gran medida de la labor humana. Este artículo centra su reflexión en la transformación del derecho penal en una era digital, marcada por la automatización, la eficiencia que compromete a la ju... Ver más
2665-3885
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2024-12-12
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Cindy Vanessa Mena Díaz - 2024
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| Sumario: | En los sistemas de justicia penal, se percibe una transformación en cómo destacan las labores desde la inteligencia artificial (IA), frente a un marco que regula jurídicamente asuntos penales, por medio de tareas que siempre han realizado personas; sin embargo, la integración de la IA en el derecho penal ha crecido en los últimos tiempos. Estos cambios marcan un punto de partida en la investigación criminal y en la toma de decisiones judiciales, en busca de aportar un enfoque de precisión y eficiencia en un sistema que tradicionalmente ha dependido en gran medida de la labor humana. Este artículo centra su reflexión en la transformación del derecho penal en una era digital, marcada por la automatización, la eficiencia que compromete a la justicia y la toma de decisiones basadas en datos. En ese sentido, se contextualiza la IA y se exponen sus antecedentes, además de revisar cómo ha mutado, sus implicaciones con la justicia y su aplicación en el derecho penal. En este último, la IA se utiliza en la investigación criminal, el análisis de evidencia digital y la toma de decisiones judiciales; tareas en las que se deben valorar los riesgos versus la eficiencia, de modo que también tienen cabida consideraciones éticas dentro del ámbito –como sesgos, la privacidad y la transparencia, enfocándose en los derechos fundamentales de las personas comprometidas en los procesos– y la labor futura de los profesionales del derecho.
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