El Derecho de la competencia: ¿Derecho privado, Derecho público, regulación o Derecho económico?
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Supongamos que queremos armar una nueva facultad de Derecho. ¿Cómo clasificaríamos el Derecho de la competencia en la estructura curricular de esta facultad? Partiendo de estas preguntas, este artículo muestra las dificultades inherentes en tratar de clasificar el Derecho de la competencia como Derecho privado, público, regulación o “Derecho económico”. Lo anterior se debe no solo a que estas clasificaciones son poco precisas, sino también porque parten de nociones del ordenamiento jurídico colombiano que difícilmente se ajustan a como experimentamos este campo del Derecho. Por ello, lo que comienza como una pregunta sin mayor trascendencia muestra algunas de los problemas conceptuales que tienen las formas como apreciamos nuestro Derecho.... Ver más
2145-2946
2013-06-07
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100
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Sumario: | Supongamos que queremos armar una nueva facultad de Derecho. ¿Cómo clasificaríamos el Derecho de la competencia en la estructura curricular de esta facultad? Partiendo de estas preguntas, este artículo muestra las dificultades inherentes en tratar de clasificar el Derecho de la competencia como Derecho privado, público, regulación o “Derecho económico”. Lo anterior se debe no solo a que estas clasificaciones son poco precisas, sino también porque parten de nociones del ordenamiento jurídico colombiano que difícilmente se ajustan a como experimentamos este campo del Derecho. Por ello, lo que comienza como una pregunta sin mayor trascendencia muestra algunas de los problemas conceptuales que tienen las formas como apreciamos nuestro Derecho. Pero además de tener incidencias teóricas, esta discusión tiene una incidencia en la práctica, y es que permite o limita el desarrollo de diferentes argumentaciones “correctas” según la clasificación que se adopte. Finalmente, este artículo concluye que la ausencia de Derecho de la competencia en los currículos de Derecho de las facultades existentes muestra una falta de conexión entre los cambios en la normatividad colombiana y las imágenes de lo que se necesita para formar abogados.
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