La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991
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Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato... Ver más
0122-9893
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2021-08-30
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Lina Muñoz Ávila, María Alejandra Lozano Amaya - 2021
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La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991 Environmental Democracy and the Escazu Agreement in Colombia since the Ecological Constitution of 1991 Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación. This article aims to argue that, despite the fact that Colombia has an advanced legal framework regarding the rights of access to information, participation and justice in environmental matters and about environmental rights defenders based on the National Constitution, the major challenges presented by its effective implementation could be overcome through the ratification of the Escazú Agreement on this matter. Thus, this regional instrument would serve as a tool to improve the standards and achieve the protection of the environment in the country. Based on the research carried out, this paper concluded that this treaty is completely compatible with the Political Constitution and is a potentiator of the constitutional mandate. Its ratification would constitute a step towards the strengthening of several structural axes of the Constitution of 1991 and would demonstrate coherence between them. In this way, the legal implementation of the Escazú Agreement is a unique opportunity to reaffirm the commitments contained in the Ecological Constitution, thirty years after its promulgation. Muñoz Ávila, Lina Lozano Amaya, María Alejandra Environmental democracy; environmental information; public participation; environmental justice; environmental human rights defenders; Ecological Constitution; Escazú Agreement Democracia ambiental; información ambiental; participación pública; justicia ambiental; personas defensoras del ambiente; Constitución Ecológica; Acuerdo de Escazú 50 Núm. 50 , Año 2021 : Septiembre-Diciembre Artículo de revista Journal article 2021-08-30T16:28:12Z 2021-08-30T16:28:12Z 2021-08-30 application/pdf text/xml text/html Departamento de Derecho Constitucional Revista Derecho del Estado 0122-9893 2346-2051 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/7430 10.18601/01229893.n50.07 https://doi.org/10.18601/01229893.n50.07 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 Lina Muñoz Ávila, María Alejandra Lozano Amaya - 2021 Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 165 200 Aguilar Camp os, M. 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Sentencia C-1287 de 2001, expediente D-3549. M.P. Marco Gerardo Monroy. Corte Constitucional. Sentencia T-772 de 2003, expediente T-728123. M.P. Manuel José Cepeda. Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2004, expediente LAT-250. M.P. Rodrigo Escobar. Corte Constitucional. Sentencia T-509 de 2008, expediente D-7002. M.P. Mauricio González. Corte Constitucional. Sentencia C-443 de 2009, expediente D-7419. M.P. Humberto Sierra. Corte Constitucional. Sentencia T-129 de 2011, expediente T-2451120. M.P. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T.348 de 2012, expediente T-3.331.182. M.P. Jorge Pretelt. Corte Constitucional. Sentencia C-274 de 2013, expediente PE-036. M.P. María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2014, expediente T-3560097. M.P. María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015, expediente PE-038. M.P. Mauricio González. Corte Constitucional. Sentencia T-600 de 2015, expediente D-10619. M.P. María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia C-467 de 2016, expediente D-11189. M.P. Luis Guillermo Guerrero. Corte Constitucional. Sentencia C-041de 2017, expedientes D-11443 y D-11467. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2017, expediente T-5.315.942. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2017, expediente T-6.113.717. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia C-127 de 2018, expediente D-12269. M.P. Cristina Pardo. Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2018, expediente T-6.753.470. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia T-021 de 2019, expediente T-6.809.212. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2019, expediente T-6.529.317. M.P. Antonio José Lizarazo Corte Constitucional. Sentencia T-469 de 2020, expedientes T-7.544.521 y T-7.561.560. P. Diana Fajardo. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/download/7430/11424 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/download/7430/11425 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/download/7430/11426 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación.
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This article aims to argue that, despite the fact that Colombia has an advanced legal framework regarding the rights of access to information, participation and justice in environmental matters and about environmental rights defenders based on the National Constitution, the major challenges presented by its effective implementation could be overcome through the ratification of the Escazú Agreement on this matter. Thus, this regional instrument would serve as a tool to improve the standards and achieve the protection of the environment in the country. Based on the research carried out, this paper concluded that this treaty is completely compatible with the Political Constitution and is a potentiator of the constitutional mandate. Its ratification would constitute a step towards the strengthening of several structural axes of the Constitution of 1991 and would demonstrate coherence between them. In this way, the legal implementation of the Escazú Agreement is a unique opportunity to reaffirm the commitments contained in the Ecological Constitution, thirty years after its promulgation.
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Aguilar Camp os, M. F. Derechos humanos y medioambiente. La situación de los defensores ambientales en América Latina, y los obstáculos legales e institucionales para su actuar. En Anuario de Derechos Humanos. 16(1), 61.2020. doi: https://doi. org/10.5354/0718-2279.2020.53136 Avendaño Sancho, R. El proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Reflexiones de un negociador. En Revista Costarricense de Política Exterior. Vol. 30, 2018, 161-169. Barchiche, D., Hege, E. y Nap oli, A. The Escazú Agreement: An Ambitious Example of a Multilateral Treaty in Support of Environmental Law? 2019. Disponible en: https://www.iddri.org/sites/default/files/pdf/Publications/Catalogue%20Iddri/ D%C3%A9cryptage/201903-IB0319EN_Escazu.pdf Bender, M. Environmental Law en Guide to International Legal Research. 2019, 7-15. 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Sentencia T-411 de 1992, expediente T-785. M.P. Alejandro Martínez. Corte Constitucional. Sentencia C-528 de 1994, expediente D-579. M.P. Fabio Morón. Corte Constitucional. Sentencia C-593 de 1995, expediente D-967. M.P. Fabio Morón. Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 1996, expediente D-1239. M.P. Alejandro Martínez. Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 1998, expediente O.P. 024. M.P. Eduardo Cifuentes. Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2000, expediente LAT-160. M.P. Eduardo Cifuentes. Corte Constitucional. Sentencia C-1287 de 2001, expediente D-3549. M.P. Marco Gerardo Monroy. Corte Constitucional. Sentencia T-772 de 2003, expediente T-728123. M.P. Manuel José Cepeda. Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2004, expediente LAT-250. M.P. Rodrigo Escobar. Corte Constitucional. Sentencia T-509 de 2008, expediente D-7002. M.P. Mauricio González. Corte Constitucional. Sentencia C-443 de 2009, expediente D-7419. M.P. Humberto Sierra. Corte Constitucional. Sentencia T-129 de 2011, expediente T-2451120. M.P. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T.348 de 2012, expediente T-3.331.182. M.P. Jorge Pretelt. Corte Constitucional. Sentencia C-274 de 2013, expediente PE-036. M.P. María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2014, expediente T-3560097. M.P. María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015, expediente PE-038. M.P. Mauricio González. Corte Constitucional. Sentencia T-600 de 2015, expediente D-10619. M.P. María Victoria Calle. Corte Constitucional. Sentencia C-467 de 2016, expediente D-11189. M.P. Luis Guillermo Guerrero. Corte Constitucional. Sentencia C-041de 2017, expedientes D-11443 y D-11467. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2017, expediente T-5.315.942. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2017, expediente T-6.113.717. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia C-127 de 2018, expediente D-12269. M.P. Cristina Pardo. Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2018, expediente T-6.753.470. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia T-021 de 2019, expediente T-6.809.212. M.P. Alberto Rojas. Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2019, expediente T-6.529.317. M.P. Antonio José Lizarazo Corte Constitucional. Sentencia T-469 de 2020, expedientes T-7.544.521 y T-7.561.560. P. Diana Fajardo. |
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