Titulo:

La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991
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Sumario:

Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato... Ver más

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2021-08-30

165

200

Lina Muñoz Ávila, María Alejandra Lozano Amaya - 2021

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

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spelling La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991
Environmental Democracy and the Escazu Agreement in Colombia since the Ecological Constitution of 1991
Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación.
This article aims to argue that, despite the fact that Colombia has an advanced legal framework regarding the rights of access to information, participation and justice in environmental matters and about environmental rights defenders based on the National Constitution, the major challenges presented by its effective implementation could be overcome through the ratification of the Escazú Agreement on this matter. Thus, this regional instrument would serve as a tool to improve the standards and achieve the protection of the environment in the country. Based on the research carried out, this paper concluded that this treaty is completely compatible with the Political Constitution and is a potentiator of the constitutional mandate. Its ratification would constitute a step towards the strengthening of several structural axes of the Constitution of 1991 and would demonstrate coherence between them. In this way, the legal implementation of the Escazú Agreement is a unique opportunity to reaffirm the commitments contained in the Ecological Constitution, thirty years after its promulgation.
Muñoz Ávila, Lina
Lozano Amaya, María Alejandra
Environmental democracy;
environmental information;
public participation;
environmental justice;
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human rights defenders;
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Escazú Agreement
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Acuerdo de Escazú
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Núm. 50 , Año 2021 : Septiembre-Diciembre
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Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
165
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Corte Constitucional. Sentencia T-600 de 2015, expediente D-10619. M.P. María Victoria Calle.
Corte Constitucional. Sentencia C-467 de 2016, expediente D-11189. M.P. Luis Guillermo Guerrero.
Corte Constitucional. Sentencia C-041de 2017, expedientes D-11443 y D-11467. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2017, expediente T-5.315.942. M.P. Alberto Rojas.
Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2017, expediente T-6.113.717. M.P. Alberto Rojas.
Corte Constitucional. Sentencia C-127 de 2018, expediente D-12269. M.P. Cristina Pardo.
Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2018, expediente T-6.753.470. M.P. Alberto Rojas.
Corte Constitucional. Sentencia T-021 de 2019, expediente T-6.809.212. M.P. Alberto Rojas.
Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2019, expediente T-6.529.317. M.P. Antonio José Lizarazo
Corte Constitucional. Sentencia T-469 de 2020, expedientes T-7.544.521 y T-7.561.560. P. Diana Fajardo.
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