La definición de nuevos estándares en materia de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental
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La Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del año 1994, brindó el primer marco legal para la protección ambiental en el país, en el contexto de la Cumbre de Río realizada dos años antes. Luego de las recomendaciones efectuadas por la OCDE en el sentido de fortalecer la institucionalidad ambiental (2005), el legislador dicta la Ley 20.417 que introduce la reforma ambiental (2010) y la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales (2012). La primera amplía el ámbito de aplicación de la participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental; sin embargo, es el trabajo jurisprudencial del Segundo Tribunal Ambiental el que permitirá comprender el real alcance de la modificación legislativa. Esta judicatura especia... Ver más
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La definición de nuevos estándares en materia de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental Defining new standards on citizen participation in the Chilean environmental assessment La Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del año 1994, brindó el primer marco legal para la protección ambiental en el país, en el contexto de la Cumbre de Río realizada dos años antes. Luego de las recomendaciones efectuadas por la OCDE en el sentido de fortalecer la institucionalidad ambiental (2005), el legislador dicta la Ley 20.417 que introduce la reforma ambiental (2010) y la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales (2012). La primera amplía el ámbito de aplicación de la participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental; sin embargo, es el trabajo jurisprudencial del Segundo Tribunal Ambiental el que permitirá comprender el real alcance de la modificación legislativa. Esta judicatura especializada desarrolla nuevos estándares de participación ciudadana en el marco del proyecto de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Se trata de una interpretación amplia del principio en miras a una aplicación real y no únicamente formal del mismo, lo que contribuye al fortalecimiento de esta institución en relación al principio de acceso a la información y a la justicia en materia ambiental. The Law 19,300 on the General Bases of the Environment (1994) provided the first legal framework for environmental protection in the country, in the context of the Rio Summit held two years earlier. Following the recommendations of OECD to strengthen environmental institutions (2005), the legislator passed Law No. 20,417 introducing environmental reform (2010) and Law No. 20,600 creating the Environmental Tribunals (2012). The first one extends the scope of citizen participation in the environmental impact assessment system, however, it is the jurisprudential work of the Second Environmental Court that will make it possible to understand the real scope of the legislative amendment. This specialized judiciary develops new standards of citizen participation in the framework of the project of the State Railway Company. This is a broad interpretation of the principle with a view to a real and not only formal application of it, which contributes to the strengthening of this institution in relation to the principle of access to information and justice in environmental matters. Moraga Sariego, Pilar Participation principle environmental assessment system environmental assessment declaration citizen observation environmental tribunal Principio de participación sistema de evaluación de impacto ambiental declaración de impacto ambiental observaciones ciudadanas tribunal ambiental. 38 Núm. 38 , Año 2017 : Enero-Junio Artículo de revista Journal article 2017-06-29T00:00:00Z 2017-06-29T00:00:00Z 2017-06-29 application/pdf text/html application/xml Departamento de Derecho Constitucional Revista Derecho del Estado 0122-9893 2346-2051 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4931 10.18601/01229893.n38.07 https://doi.org/10.18601/01229893.n38.07 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 177 198 Bermúdez, J. (2015). Fundamentos de derecho ambiental. 2.ª ed. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 549. Bermúdez, J. (2013). La jurisprudencia ambiental reciente: tendencia al reconocimiento de principios y garantismo con los pueblos indígenas. Anuario de Derecho Público, Universidad Diego Portales, 237-255. Brañes, R. (2000). El acceso a la justicia ambiental en América Latina. México D.F.: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 59. Costa, E. y Fuentes, P. (2012). La participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. Santiago. Justicia Ambiental, Vol. iii, 2011, 83-106. [Consulta: 14 de julio de 2016]. Fermandois, A. El recurso de protección en asuntos ambientales: criterios para su procedencia postinstitucionalidad ambiental (2010-2015). Revista Chilena de Derecho. Vol. 43, n.º 1, 2016, 61-90. Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Análisis de casos de recursos administrativos y judiciales relacionados con la tramitación de permisos para proyectos del sector eléctrico y sus efectos en las inversiones del sector energía. Santiago. Estudio encargado por el Ministerio de Energía, 2012, 259. Guzmán, R. (2010). Regulación constitucional del ambiente en Chile. Santiago: Legal Publishing, 378. Hervé, D. Justicia ambiental y recursos naturales. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2015, 385. Hervé, D. La justicia ambiental, noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vol. xxiii, n.º 1, 2010, 9-36. Ministerio de Energía. Política Energética 2050. Santiago, Ministerio de Energía, 2015, 158. Mirosevic, C. La participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y las reformas introducidas por la Ley n.° 20.417. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vol. xxxvi, n.º 1, 2011, 281-323. Moraga, P. Principio 10 y desarrollo eléctrico: Participación y acceso a la justicia en miras a la implementación de tribunales especializados. Revista de Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vol. xxxix, n.º 2, 2012, 291-317. OCDE, Evaluaciones de desempeño ambiental. Paris, Naciones Unidas, Cepal, 2005, 246. OCDE, 2016. oecd Environmental Performance Reviews: Chile 2016. Paris, Naciones Unidas, Cepal, 2005, 247. Ossandón, J. Garantías fundamentales de las personas jurídicas. ¿Titulares del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Revista de Derecho Público, Universidad de Chile. Vol. 83, 2015, 123-139. Sabatini, F.; Sepúlveda H. y Blanco, H. Participación ciudadana para enfrentar conflictos ambientales. Desafíos para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago: cipma, Ediciones lom, 2000, 120. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/download/4931/5909 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/download/4931/6038 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/download/4931/6835 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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The Law 19,300 on the General Bases of the Environment (1994) provided the first legal framework for environmental protection in the country, in the context of the Rio Summit held two years earlier. Following the recommendations of OECD to strengthen environmental institutions (2005), the legislator passed Law No. 20,417 introducing environmental reform (2010) and Law No. 20,600 creating the Environmental Tribunals (2012). The first one extends the scope of citizen participation in the environmental impact assessment system, however, it is the jurisprudential work of the Second Environmental Court that will make it possible to understand the real scope of the legislative amendment. This specialized judiciary develops new standards of citizen participation in the framework of the project of the State Railway Company. This is a broad interpretation of the principle with a view to a real and not only formal application of it, which contributes to the strengthening of this institution in relation to the principle of access to information and justice in environmental matters.
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